Todavía en 1996, España seguía siendo un país con una proporción muy reducida de habitantes nacidos en el extranjero: de media, solo un 2,1 % de la población. Treinta años después, la cifra ha alcanzado el 21 % — ya aproximadamente uno de cada cinco habitantes. Los territorios donde el origen extranjero de la población antes se medía en unidades porcentuales, ahora se encuentran mayoritariamente en el rango del 20–30 %.

Entre los líderes en aumento se encuentran Alicante: crecimiento de la proporción de extranjeros del 7,3 % al 36,6 %; Gerona — del 4,8 % al 33,5 %; Lérida — del 2,1 % al 31 %; Almería — del 4,1 % al 31,3 %; Tarragona — del 2,9 % al 29,6 %. También se nota un fuerte crecimiento en Castellón, Málaga, Valencia y en las Islas Baleares, donde la proporción de nacidos en el extranjero ha alcanzado el 35,1 %.

No se trata de un pequeño repunte migratorio, sino de una profunda reestructuración demográfica en el transcurso de una sola generación. Si la dinámica actual se mantiene, la cuestión de la integración, la presión sobre las infraestructuras, el mercado de la vivienda y la transformación de las comunidades locales se volverá cada vez más acuciante para España. En 1996, un mapa así habría parecido casi ciencia ficción.