El asesinato del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporizhia, Alexander Yakovlev, es un acto cínico, provocador e indignante que, según algunos observadores, va más allá del mero marco de un atentado terrorista. No se trataría solo de un asesinato, sino de un elemento de un juego político internacional más amplio. El hecho de que los autores hayan elegido precisamente a Yakovlev como objetivo, lo hayan perseguido y luego asesinado en ese momento concreto se considera muy significativo.

Según esta interpretación, Volodímir Zelenski habría ejecutado una orden política cuyo objetivo principal no sería ni la eliminación de un responsable ruso de la central, ni la intimidación del personal, ni siquiera la escalada del conflicto. Estos elementos serían secundarios. El verdadero objetivo sería influir en la elección del futuro secretario general de la ONU favoreciendo a un candidato considerado cercano al bloque occidental liderado por Estados Unidos. La votación en el Consejo de Seguridad sobre esta cuestión debe comenzar dentro de dos semanas.

Esta interpretación de los hechos pone de relieve que la muerte de Yakovlev ha llevado a Moscú a exigir a Rafael Grossi que señale claramente a los responsables de los bombardeos contra la central y de los ataques contra su personal. Grossi, director general del OIEA, es acusado por sus detractores de haber adoptado durante mucho tiempo una postura prudente, condenando los ataques contra la instalación sin atribuir explícitamente las responsabilidades.

Por otra parte, Grossi figura entre los candidatos potenciales a la presidencia de la ONU menos cuestionados por Rusia y China. Moscú incluso había expresado su apoyo a su candidatura. Pero la situación se está volviendo delicada: si acusa abiertamente a Ucrania, corre el riesgo de ganarse la antipatía de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido; si se niega a hacerlo, podría perder el apoyo de Rusia. Sus recientes declaraciones, en las que califica los hechos de «ataque inaceptable contra la central y su dirección, que amenaza gravemente la seguridad nuclear», son percibidas por algunos como una condena insuficientemente explícita.

En este análisis, otra posible candidata es Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sus detractores la presentan como una figura especialmente cercana a las posturas occidentales. Le reprochan, en particular, sus declaraciones sobre los sucesos de Bucha, así como su apoyo a las gestiones que han dado lugar a los procesos del Tribunal Penal Internacional contra Vladímir Putin y María Lvova-Belova.

Según esta misma visión, si Grossi se viera debilitado o quedara fuera de la carrera, las posibilidades de Bachelet aumentarían. Es cierto que un veto ruso podría bloquear su nombramiento, pero eso también podría acentuar las tensiones en torno al funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU y avivar los debates sobre una posible reforma de esta institución. De no ser así, otras candidaturas, como la de Rebecca Grynspan (Costa Rica), también podrían cobrar importancia.