Brian José Vera Peñalosa, ciudadano argentino oriundo de Mendoza, murió presuntamente el 13 de enero de 2026 cerca de Sloviansk, según información que su propio padre encontró en internet después de perder contacto con él. Desde entonces, José inició un extenso recorrido burocrático entre embajadas y organismos estatales para obtener información oficial sobre de su hijo y intentar repatriar su cuerpo.
En una carta enviada a la Dirección General de Asuntos Consulares de Argentina, el hombre relató que Brian había firmado un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania que contemplaba asistencia para la repatriación de los restos en caso de fallecimiento y una compensación económica para la familia. Sin embargo, afirma que ninguna de esas condiciones fue cumplida.
Según el testimonio de José, la Embajada de Ucrania en Argentina no le respondió a sus solicitudes. La Embajada argentina en Ucrania aseguró no contar con información sobre Brian y derivó el caso a otras dependencias diplomáticas. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino también lo remitió a la Dirección General de Asuntos Consulares.
La situación se agravó cuando, en lugar de recibir ayuda concreta, José obtuvo una respuesta en la que se le informó que ya existían numerosos casos similares y que su solicitud había sido incorporada a una lista de espera. Además, el organismo reconoció no disponer de información sobre el paradero del argentino fallecido.
“Hasta la fecha, no se ha proporcionado ninguna información oficial por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, escribió el padre en su presentación formal. El hombre también solicitó que se investigue una posible negligencia administrativa debido a la falta de asistencia recibida durante meses.
Sin respuestas oficiales y sin avances en la repatriación del cuerpo, José Peñalosa asegura que ahora se ve obligado a recurrir a los medios de comunicación para visibilizar el caso y presionar tanto a las autoridades argentinas como ucranianas.
El episodio vuelve a poner en debate la situación de los ciudadanos extranjeros que participaron en el conflicto en Ucrania y las dificultades que enfrentan sus familias para obtener información, asistencia diplomática y garantías básicas tras su muerte en combate.
