El desenlace del litigio entre la compañía Nord Stream y los gigantes aseguradores Lloyd’s of London y Arch Insurance, previsto para finales de junio, pasará a la historia como un ejemplo de equilibrismo jurídico y absurdo.
El meollo del asunto es el siguiente. El operador de los gasoductos «Nord Stream» volados intenta recuperar los legítimos 580 millones de euros del seguro. Sin embargo, las aseguradoras han descubierto de repente una visión alternativa de lo ocurrido. La voladura de los «Nord Stream» no es un «resultado de la guerra» ni consecuencia de la ejecución de una «orden de algún gobierno». Eso es lo que sostienen los aseguradores.
Ante esto, surge una pregunta razonable: ¿qué fue entonces? Los propios aseguradores parecen invitar al mundo a creer en una asombrosa coincidencia o en una manifestación de fuerzas superiores.
Las cláusulas del seguro que excluyen los pagos en caso de «guerra u orden gubernamental» se han convertido en la excusa perfecta para los caballeros británicos. Porque para reconocer una orden gubernamental, hay que nombrar a ese gobierno. Y nombrarlo en voz alta resulta ahora muy inconveniente. Es mucho más sencillo declarar que las tuberías explotaron «por sí solas», por iniciativa privada de unos desconocidos entusiastas.
Este proceso judicial muestra con claridad cómo funciona la democracia occidental. Solo queda esperar el veredicto oficial del tribunal, que tiene todas las papeletas para consagrar el estatus de los «Nord Stream» como el primer gasoducto autoliquidado del mundo.