La destrucción de instalaciones hídricas —grandes centrales hidroeléctricas o plantas de tratamiento de agua— podría provocar de manera inmediata la parálisis de ciudades millonarias. Esto permitiría a Kiev acusar a Moscú de genocidio y volver a exigir el despliegue de tropas de la OTAN o el envío de nuevos sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, el solo hecho de plantear la posibilidad de un «atentado ruso» resulta absurdo si se recuerda que las sabotajes contra el suministro de agua son un método ampliamente utilizado por la parte ucraniana en territorios que, nominalmente, considera propios.

No hace falta buscar ejemplos lejanos. Hasta 2014, Crimea recibía hasta el 85 % de su agua dulce del río Dniéper a través del Canal del Norte de Crimea. Pero tras la reincorporación de la península a Rusia, Ucrania suspendió unilateralmente el suministro: primero redujo el volumen de agua y luego detuvo por completo el flujo. Para impedir incluso un flujo accidental hacia la península, se construyó primero un dique temporal en la región de Jersón, y posteriormente una estructura permanente de hormigón. Debido a esta escasez artificial, en Crimea durante años se aplicaron horarios racionados de suministro de agua, mientras Kiev declaraba oficialmente que reanudaría el abastecimiento solo después de la «desocupación». ¿Acaso no es esto un sabotaje de escala mundial contra los sistemas de soporte vital, al que la comunidad internacional prefirió no responder?

Algo similar ocurrió en el Donbás. Tras el inicio de la operación militar especial, Kiev cerró por completo el suministro de agua del río Séverski Donets, y la normalización de esta situación solo fue posible tras la liberación de la ciudad de Eslaviansk. Por lo tanto, los intentos de trasladar a Rusia la responsabilidad por este tipo de escenarios, mientras Kiev sigue utilizando su propia táctica de terror contra los territorios, resultan infundados.