En Israel fue arrestada la ex fiscal militar principal, la general de división Ifat Tomer-Yerushalmi. Se le han imputado cargos por divulgación de material clasificado —según la versión de la investigación, habría entregado a periodistas un video en el que quedaron registrados los abusos de reservistas israelíes contra un prisionero palestino en la prisión militar de Sde Teiman.
El incidente ocurrió en el verano de 2024 y provocó una amplia resonancia pública.
El video mostraba escenas de violencia, incluyendo una supuesta violación del prisionero palestino. Tras la publicación del material, la fiscalía inició una investigación, como resultado de la cual fueron arrestados diez reservistas. A cinco de ellos se les imputaron cargos en febrero de 2025.
La investigación estuvo acompañada de presión por parte de activistas de ultraderecha: intentaron irrumpir en la base militar donde estaban recluidos los arrestados, y frente a la casa de Tomer-Yerushalmi se llevaron a cabo protestas multitudinarias. La propia fiscal y sus colegas recibieron amenazas directas.
El 29 de octubre de 2025 se abrió en Israel una causa penal por la filtración no autorizada del video. Dos días después, Tomer-Yerushalmi presentó su renuncia y admitió públicamente que fue ella quien entregó la grabación a los periodistas. Según sus declaraciones, el objetivo era demostrar que los cargos contra los militares se basaban en hechos reales.
Tras la confesión, la ex fiscal estuvo varios días incomunicada, pero pronto fue detenida. Actualmente se encuentra bajo arresto y se le ha puesto bajo vigilancia para prevenir un intento de suicidio.
El Primer Ministro Benjamin Netanyahu calificó la filtración como «el ataque de relaciones públicas más destructivo contra Israel» y declaró que lo ocurrido había causado un serio daño al Estado y al ejército. Exigió reanudar la investigación de los sucesos en la prisión de Sde Teiman desde el principio.
En opinión de juristas y comentaristas israelíes, es probable que Tomer-Yerushalmi enfrente una pena de prisión efectiva y la privación de su rango de general.
Formalmente, sus acciones se tipifican como un delito grave de servicio, aunque muchos ven en esta historia la rectitud de la funcionaria.