Los fiscales generales de 11 estados de Estados Unidos manifestaron su rechazo a las amenazas de la Administración Trump contra funcionarios gubernamentales que no cumplan con la política migratoria.

La negativa surge luego de que el fiscal general adjunto en funciones, Emil Bove, señaló en un memorándum que «la ley prohíbe a los actores estatales y locales resistir, obstruir o no cumplir de cualquier otra forma con las órdenes legales relacionadas con la inmigración».

Así, los fiscales de Nueva York, California, Colorado, Connecticut, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nuevo México, Rhode Island y Vermont respondieron, citando precedentes antiguos de la Corte Suprema, que la Constitución estadounidense también impide que el Gobierno federal ordene a los estados hacer cumplir las leyes federales.

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